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Búnker de la FiscalÃa en Bogota (Imagen de referencia)
Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO
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En una orden de policía judicial de dos páginas quedaron consignadas pesquisas de la Fiscalía para establecer el arraigo y ubicación actual de las exministras de Educación Yaneth Giha y María Victoria Angulo. (Lea también: El insólito regateo de un funcionario de la Fiscalía imputado por extorsión). El documento, revelado por el periodista Daniel Coronell en W Radio, señala que Giha y Angulo son investigadas por tráfico de influencias de servidor público. (Le puede interesar: En video: cayó banda de 'motoladrones' que tenía azotada a Bucaramanga).
La exministra de Educación Yaneth Giha.
Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO
Esta investigación se inició tras la condena de la Corte Suprema de Justicia al exsenador Eduardo Pulgar, quien intentó sobornar a un juez para favorecer a un señalado patrocinador suyo, el excónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosta Osío. De hecho, en diciembre del 2021 la Fiscalía reactivó una investigación contra el excónsul, denunciado por supuestas maniobras irregulares para quedarse con el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en medio de una pugna familiar. (En contexto: Víctimas piden celeridad en proceso contra excónsul del caso Pulgar). Entre esas presuntas maniobras irregulares, según las víctimas, estarían gestiones ante el Ministerio de Educación; y en la condena de la Corte contra Pulgar, el magistrado compulsó copias a la Fiscalía para que se investigara a las exjefes de esa cartera.
Exministra María Victoria Angulo
En ese sentido, la orden de policía judicial, fechada el 25 de agosto, es para que se establezca el arraigo y ubicación actual de Giha y Angulo, se oficie al Departamento Administrativo de la Presidencia para acreditar si Angulo tiene fuero especial. Así mismo, la orden es para que se requiera a la contraparte en este proceso -Carlos Jaller, Ivonne Acosta y Jorge Luis Hernández- para que entreguen copia de un documento enviado al Ministerio de Educación en medio del pleito por el control de la universidad, y finalmente, para que el CTI entregue las fichas de identificación de las exministras.
Fachada de la Unimetro. Foto de archivo.
Desde hace varios años se ha mantenido una pugna familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro), que hace parte de la millonaria herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa, Sofía Acero de Acosta. La pugna por el control de la Fundación Acosta Bendek, el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla y la Universidad Metropolitana de Barranquilla es entre la única hija de la pareja, Ivonne Acosta Acero y su esposo Carlos Jaller Raad, de un lado; y del otro, el medio hermano de Ivonne, Alberto Acosta Pérez, y sus primos Juan José y Luis Fernando Acosta Osío, María Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia Díaz de Acosta, esposa de Alberto. (Le sugerimos leer: Por prevaricato imputan cargo a magistrado de Tribunal de Barranquilla). En este pleito han ido y venido numerosos recursos judiciales y las señaladas irregularidades por parte de la segunda parte de la familia han llevado a la justicia a al menos dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla, imputados por presuntas actuaciones ilegales para favorecer a Alberto Acosta y sus primos. En cuanto al proceso por la Unimetro, el rector Juan José Acosta Osío fue denunciado, junto al también exrector Alberto Acosta Pérez por fraude procesal, falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento públicol falso y concierto para delinquir, por supuestas irregularidades en la toma de control de la universidad. Según Carlos Jaller, Ivonne Acosta y Jorge Luis Hernández, los exrectores se apoderaron de la Universidad de manera irregular. Aunque en febrero pasado un juzgado de Bogotá había decretado la preclusión de la investigación, en una decisión del pasado 3 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá tumbó esa preclusión.
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